Maíz expone conflictos entre el comercio internacional y los derechos de los pueblos tradicionales
Importante en la dieta de los pueblos tradicionales, pero también un producto de peso en dólares, el grano está en el centro de los conflictos sobre el control de semillas y la contaminación genética. Disputas en los tribunales sustentan tesis que investigaron la oposición que tiene de un lado a campesinos e indígenas; y la agroindustria y las transnacionales, por el otro.
por Rodrigo Choinski
Brasil es uno de los países que más granos exporta en el mundo y el maíz está entre sus principales productos. En 2023, el país superó a Estados Unidos en el sector, con una producción de 55 millones de toneladas. Pero lo que a primera vista puede ser una buena noticia, parece ser un problema según la perspectiva que se adopte. Así lo reveló un estudio que analizó las relaciones conflictivas que rodean a esta antigua cultura.
La disputa involucra, por un lado, a campesinos, comunidades tradicionales y pueblos indígenas que defienden sus prácticas y territorios. Luchan para proteger sus semillas de la contaminación genética por OGM y para mantener vivas sus técnicas de manejo y almacenamiento. Del otro lado, el conflicto involucra a grandes productores brasileños de agronegocios y conglomerados internacionales, empresas que operan en el sector de semillas y pesticidas.
Según la investigadora Naiara Andreoli Bittencourt, que realizó el estudio durante su doctorado en el Posgrado en Derecho de la Universidad Federal de Paraná (UFPR), el maíz aparece como una síntesis de la tensión entre la producción de granos como alimento y el componente cultural en contraposición. al cultivo destinado esencialmente al mercado.
“El maíz es un elemento presente en la cultura campesina, indígena y quilombola de Paraná y Brasil. No es posible trabajar con estas comunidades sin que la alimentación y la cultura vegetal aparezcan como uno de los elementos centrales. La situación problemática que surgió como origen de la investigación fue la contaminación química y genética de las plantaciones tradicionales de los agricultores, que se extiende en múltiples escalas y dimensiones”, explica.
La investigación, que articuló la investigación teórica y el trabajo del investigador como abogado popular, recibió una mención honorífica en el Premio de Tesis Capes 2024. Para la profesora Liana Carleial, quien supervisó el trabajo, la tesis se destacó por aportar la experiencia desarrollada por Naiara. trabajando entre los campesinos y siguiendo su lucha por la tierra y la preservación de sus semillas.
El trabajo práctico del investigador proporcionó pistas para la investigación.
El contacto de Naiara con su objeto de investigación se inició con su trabajo en la organización Terra de Direito, donde se desempeñó como asesora jurídica y luego abogada en temas agrarios y socioambientales. Explica que se dedicó principalmente al litigio estratégico, práctica jurídica que busca, a partir de una acción individual, generar repercusiones estructurales más amplias. Así, partimos de un caso emblemático con el objetivo de lograr impactos colectivos.
La contaminación genética fue una de las primeras preocupaciones de los agricultores con las que entró en contacto el investigador. Como el maíz se poliniza a través del aire, es común que el polen de las plantas transgénicas llegue a las plantaciones cercanas, generando contaminación.
En este caso, los nuevos granos traerán la carga genética transgénica, genes de otras especies agregados al maíz, lo que caracteriza a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), como se les llama formalmente. Esto no sólo no aporta ningún beneficio a los cultivos tradicionales y elimina las características naturales de las semillas, sino que puede generar problemas legales ya que estas variedades están patentadas.
Fue mientras trabajaba con el Coletivo Triunfo, un grupo de agricultores del centro sur de Paraná que lucha contra la contaminación genética, que Naiara identificó los problemas relacionados con el tema. Explica que el grupo se organiza para realizar pruebas de contaminación genética en ferias o festivales de semillas criollas. El objetivo es preservar el material genético, resultado del conocimiento tradicional y el legado de los antepasados.
“Esa semilla puede haber estado en la familia durante décadas, seleccionada en función de características agrícolas y culturales que son valoradas por esa comunidad. Hubo muchas veces que vimos lágrimas de tristeza cuando su maíz estaba contaminado o de alivio cuando los resultados eran negativos”, registra Naiara.
Los tribunales tienen dificultades para comprender la complejidad de esta situación. “Traducir la necesidad de garantía jurídica para que estas semillas estén protegidas es sumamente complejo”.
El investigador pone un ejemplo con la Acción Civil Pública que cuestionó la Resolución Normativa N° 4 de 2007 de la CTNBio (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad) sobre la coexistencia entre maíz transgénico y tradicional. La acción que busca una verdadera convivencia con garantías para ambas partes está en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) pero ha llegado a ser interpretada como un intento de acabar con los transgénicos.
Las repercusiones de los conflictos en el ámbito jurídico también aparecen en los territorios indígenas. La investigación mostró que el uso de prácticas de agronegocios, como la fumigación con pesticidas, se movilizaba para expulsar a los pueblos indígenas de sus tierras. Uno de los casos reportados es el del pueblo Ava-Guaraní en el oeste del Estado de Paraná, que el investigador catalogó como “una verdadera guerra química”.
“Además de luchar por su propia vida y convivencia, los ava-guaraníes luchan por preservar sus semillas, especialmente el maíz blanco, y con ellas sus tradiciones, rituales y cultura”, agrega el investigador.
La investigación demostró que estos problemas terminan por debilitar a las comunidades tradicionales e indígenas en general, pero de manera significativa en el contexto de la justicia, que debe ser un lugar de protección para estas personas.
El maíz expone conflictos entre el comercio internacional y los derechos de los pueblos tradicionales. Importante en la dieta de los pueblos tradicionales, pero también un producto con un peso en dólares, el grano está en el centro de los conflictos sobre el control de semillas y la contaminación genética. Disputas en los tribunales sustentan tesis que investigaron la oposición que tiene de un lado a campesinos e indígenas; y la agroindustria y las transnacionales, por el otro.
Los campesinos intentan preservar las semillas de maíz silvestre en medio de la expansión de técnicas de transferencia genética que reducen la diversidad de granos.
Brasil es uno de los países que más granos exporta en el mundo y el maíz está entre sus principales productos. En 2023, el país superó a Estados Unidos en el sector, con una producción de 55 millones de toneladas. Pero lo que a primera vista puede ser una buena noticia, parece ser un problema según la perspectiva que se adopte. Así lo reveló un estudio que analizó las relaciones conflictivas que rodean a esta antigua cultura.
La disputa involucra, por un lado, a campesinos, comunidades tradicionales y pueblos indígenas que defienden sus prácticas y territorios. Luchan para proteger sus semillas de la contaminación genética por OGM y para mantener vivas sus técnicas de manejo y almacenamiento. Del otro lado, el conflicto involucra a grandes productores brasileños de agronegocios y conglomerados internacionales, empresas que operan en el sector de semillas y pesticidas.
Según la investigadora Naiara Andreoli Bittencourt, que realizó el estudio durante su doctorado en el Posgrado en Derecho de la Universidad Federal de Paraná (UFPR), el maíz aparece como una síntesis de la tensión entre la producción de granos como alimento y el componente cultural en contraposición. al cultivo destinado esencialmente al mercado.
“El maíz es un elemento presente en la cultura campesina, indígena y quilombola de Paraná y Brasil. No es posible trabajar con estas comunidades sin que la alimentación y la cultura vegetal aparezcan como uno de los elementos centrales. La situación problemática que surgió como origen de la investigación fue la contaminación química y genética de las plantaciones tradicionales de los agricultores, que se extiende en múltiples escalas y dimensiones”, explica.
La investigación, que articuló la investigación teórica y el trabajo del investigador como abogado popular, recibió una mención honorífica en el Premio de Tesis Capes 2024. Para la profesora Liana Carleial, quien supervisó el trabajo, la tesis se destacó por aportar la experiencia desarrollada por Naiara. trabajando entre los campesinos y siguiendo su lucha por la tierra y la preservación de sus semillas.
El trabajo práctico del investigador proporcionó pistas para la investigación.
El contacto de Naiara con su objeto de investigación se inició con su trabajo en la organización Terra de Direito, donde se desempeñó como asesora jurídica y luego abogada en temas agrarios y socioambientales. Explica que se dedicó principalmente al litigio estratégico, práctica jurídica que busca, a partir de una acción individual, generar repercusiones estructurales más amplias. Así, partimos de un caso emblemático con el objetivo de lograr impactos colectivos.
La contaminación genética fue una de las primeras preocupaciones de los agricultores con las que entró en contacto el investigador. Como el maíz se poliniza a través del aire, es común que el polen de las plantas transgénicas llegue a las plantaciones cercanas, generando contaminación.
En este caso, los nuevos granos traerán la carga genética transgénica, genes de otras especies agregados al maíz, lo que caracteriza a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), como se les llama formalmente. Esto no sólo no aporta ningún beneficio a los cultivos tradicionales y elimina las características naturales de las semillas, sino que puede generar problemas legales ya que estas variedades están patentadas.
Fue mientras trabajaba con el Coletivo Triunfo, un grupo de agricultores del centro sur de Paraná que lucha contra la contaminación genética, que Naiara identificó los problemas relacionados con el tema. Explica que el grupo se organiza para realizar pruebas de contaminación genética en ferias o festivales de semillas criollas. El objetivo es preservar el material genético, resultado del conocimiento tradicional y el legado de los antepasados.
“Esa semilla puede haber estado en la familia durante décadas, seleccionada en función de características agrícolas y culturales que son valoradas por esa comunidad. Hubo muchas veces que vimos lágrimas de tristeza cuando su maíz estaba contaminado o de alivio cuando los resultados eran negativos”, registra Naiara.
Los tribunales tienen dificultades para comprender la complejidad de esta situación. “Traducir la necesidad de garantía jurídica para que estas semillas estén protegidas es sumamente complejo”.
El investigador pone un ejemplo con la Acción Civil Pública que cuestionó la Resolución Normativa N° 4 de 2007 de la CTNBio (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad) sobre la coexistencia entre maíz transgénico y tradicional. La acción que busca una verdadera convivencia con garantías para ambas partes está en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) pero ha llegado a ser interpretada como un intento de acabar con los transgénicos.
Las repercusiones de los conflictos en el ámbito jurídico también aparecen en los territorios indígenas. La investigación mostró que el uso de prácticas de agronegocios, como la fumigación con pesticidas, se movilizaba para expulsar a los pueblos indígenas de sus tierras. Uno de los casos reportados es el del pueblo Ava-Guaraní en el oeste del Estado de Paraná, que el investigador catalogó como “una verdadera guerra química”.
“Además de luchar por su propia vida y convivencia, los ava-guaraníes luchan por preservar sus semillas, especialmente el maíz blanco, y con ellas sus tradiciones, rituales y cultura”, agrega el investigador.
La investigación demostró que estos problemas terminan por debilitar a las comunidades tradicionales e indígenas en general, pero de manera significativa en el contexto de la justicia, que debe ser un lugar de protección para estas personas.
“Hay una omisión legal, que termina favoreciendo a los cultivares convencionales y transgénicos, en cuanto a la protección de las semillas tradicionales y tradicionales. Es decir, no existe un estándar de convivencia adecuada, no existe responsabilidad por pérdidas derivadas de contaminación química o genética y aún existe la posibilidad de cobrar regalías a los agricultores que se contaminan involuntariamente, ya que la semilla pasa a adquirir parte de la información genética. del cultivar transgénico, por ejemplo”, denuncia Naiara.
Naiara dice que trasladar lo sucedido en los tribunales a las comunidades también fue parte de su trabajo, ya que tanto el lenguaje como la lógica del derecho no siempre son muy accesibles. En este tipo de tareas fue fundamental la confianza construida con el tiempo.
Investigación caracterizó prácticas que perjudican a las comunidades como cerco legal
Las formas legales y tecnológicas utilizadas contra las comunidades tradicionales fueron denominadas “cercados” en la obra. El concepto surgió en el siglo XIX para referirse a acontecimientos ocurridos al comienzo del capitalismo, cuando en Europa se cercaron las tierras comunales y se expulsó a los campesinos que las habían utilizado durante muchas generaciones.
La práctica apareció en el contexto de la investigación de tres maneras: con el registro de semillas, en la adopción de paquetes drogodependientes, basados en semillas transgénicas y pesticidas, y en la expropiación de prácticas tradicionales de los agricultores. Encontró que la concentración de empresas que patentan este tipo de tecnología va de la mano con la restricción del cultivo y circulación de materiales genéticos tradicionales.
“Inicialmente, existe el proceso de control privado mediante patentes y restricción del uso de tecnologías que se derivan de materiales genéticos mejorados seleccionados durante milenios. Lo que era de uso común y colectivo, sin restricciones a la circulación, se convierte en una mercancía propietaria y monopolizada”, afirma el investigador.
Otro problema relacionado es el intento de encajar la lógica de las semillas criollas en el modelo legal de los cultivares, que sigue un modelo similar al registro de patentes, cuando alguien desarrolla un tipo particular de planta y puede cobrar regalías por su uso. Naiara explica que no es posible hacer esto para proteger las semillas tradicionales, ya que se basan precisamente en su adaptabilidad y heterogeneidad, mientras que el registro requiere una estandarización.
La transformación del maíz en una mercancía
A pesar de tratarse de la misma planta, las diferentes perspectivas de producción acaban generando importantes perturbaciones. Aunque el producto también puede utilizarse en alimentación, su uso está dirigido a la producción de almidones, jarabes y productos ultraprocesados, además de alimentación animal.
En la lógica de la agricultura familiar, aunque una parte se destina a la alimentación animal, la centralidad es la alimentación humana. De ello resultan productos como harina, harina de maíz y maíz molido, entre otras delicias presentes en diferentes culturas, desde las famosas palomitas de maíz, hasta las diversas recetas, el cuscús, la polenta y diversos dulces a base de maíz.
La transformación del grano en mercancía no es muy antigua: comenzó a mediados del siglo XX. Antes era considerada una cultura “bastarda”, como explica Naiara, que servía de alimento a las clases pobres latinoamericanas, africanas y europeas.
En Brasil, fue en la década de 1940 que el cultivo se convirtió en un negocio, con la llegada de semillas híbridas, el uso de maquinaria y el uso de pesticidas. Y fue con la explosión de las exportaciones de productos primarios en los años 2000 que se estableció el escenario actual, con fuerte presencia de OGM.
La investigación muestra que este modelo configura un agronegocio brasileño extremadamente dependiente de tecnologías e insumos de empresas transnacionales, que suministran semillas genéticamente modificadas y pesticidas relacionados con ellas. Hoy en Brasil, el 90% de la producción nacional es transgénica, mientras que el 96% de las patentes de esas semillas se concentran en apenas tres conglomerados empresariales, todos extranjeros, según reveló el estudio.
Productos prohibidos en Europa y Estados Unidos tienen libre circulación en Brasil
Naiara explica que existe una idea de sentido común de que las tecnologías transgénicas aumentan la productividad y son responsables de reducir el hambre, lo cual es falso. El estudio reveló que las semillas modificadas que se comercializan actualmente en Brasil fueron fabricadas principalmente para resistir herbicidas, desarrollados por las mismas empresas que suministran las semillas. “Con los OGM se utilizaron más pesticidas, no menos”, revela el investigador.
Los números respaldan los resultados de la investigación. De las 59 variedades de maíz transgénico autorizadas en el país, 34 tienen tolerancia a herbicidas combinada con resistencia a insectos, 12 tienen resistencia a insectos y 10 tienen tolerancia a herbicidas. Las semillas reciben un almíbar con hasta cinco pesticidas diferentes.
Sólo una de las variedades transgénicas presenta características que se desvían de este estándar, como mayor resistencia a la sequía, restauración de la fertilidad para la producción de semillas y mayor estabilidad térmica de la amilasa, una enzima del maíz que transforma los carbohidratos en glucosa; el mantenimiento de esta enzima mejora el desarrollo de la planta.
El trabajo reveló una alta concentración de productos cuya seguridad de uso está en duda.
“De los 129 ingredientes activos autorizados en Brasil para el cultivo de maíz, 61 son Plaguicidas Altamente Peligrosos, correspondientes al 47% de los pesticidas autorizados para el cultivo, 44 están clasificados como probables carcinógenos, 47 de estos ingredientes activos no están registrados en la Unión Europea y 41 no están registrados en Estados Unidos”, revela el investigador.
Todo este contexto de conflictos y prevalencia del modelo agroexportador también tiene repercusiones en la economía brasileña. Naiara expone en su trabajo que la dependencia de empresas extranjeras y las prácticas de usurpación identificadas son parte de un modelo económico de dependencia de Brasil de las principales economías globales que se benefician de la transferencia de valor permitida por estas relaciones. Este tipo de capitalismo dependiente, según teóricos como Florestan Fernandes y Ruy Mauro Marini, transfiere recursos a las economías centrales, condenando a los países periféricos a la persistencia del subdesarrollo.
A pesar de todas estas relaciones, la investigación también destacó “la resistencia de los pueblos agricultores, que desafían la lógica hegemónica y encuentran formas persistentes de reproducir el patrimonio genético y su cultura alimentaria”, como señala el investigador.
➕Lea los detalles en la tesis “ Maíz entre alimento-cultura y mercancía- mercancía : relaciones jurídicas de dependencia y el cercamiento de las prácticas de los pueblos agrícolas en Brasil ”, defendida en el Programa de Posgrado en Derecho de la UFPR